Prevención de lavado de dinero (PLD): cumplimiento de la Ley Antilavado para empresas

PLD es la prevención de lavado de dinero. En México la regula la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado o LFPIORPI. Aplica a cualquier empresa o persona que realice alguna de las actividades vulnerables del artículo 17: vender o intermediar inmuebles, otorgar préstamos, comerciar vehículos, joyas o metales, arrendar inmuebles, prestar ciertos servicios profesionales por cuenta de terceros, entre otras. No depende del tamaño de la empresa ni de su régimen fiscal, sino de la actividad.

Se revisa la actividad real, no solo el objeto social. Una desarrolladora, una arrendadora, una agencia de autos, una casa de empeño o un despacho que administra recursos de clientes son casos claros. Los menos evidentes son las empresas que otorgan créditos a clientes o a sus propios socios, o las que rentan locales por encima del umbral. El diagnóstico toma pocos días y es el punto de partida del servicio.

Es el Sistema del Portal en Internet de Prevención de Lavado de Dinero, administrado por el SAT, donde se inscribe la empresa en el Padrón de Actividades Vulnerables, se designa al representante encargado de cumplimiento y se presentan los avisos. El alta se hace con la e.firma de la empresa. Nosotros preparamos y presentamos el trámite y dejamos configurado el acceso.

Los avisos se presentan a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se realizó la operación que rebasó el umbral, o en que se completó la acumulación de operaciones con un mismo cliente en seis meses. Si en un mes no hubo operaciones que reportar, se presenta un informe en ceros en el mismo plazo. La omisión de avisos es la infracción más cara de la ley, por eso el monitoreo mensual es el corazón del servicio.

Es la persona física que en última instancia controla a tu cliente o se beneficia de la operación: quien tiene más del 25% del capital o de los votos, o quien dirige la administración aunque no aparezca como socio. Ojo: existe otra obligación con el mismo nombre en el Código Fiscal de la Federación, con un umbral distinto del 15% y con expediente propio ante el SAT. Son dos obligaciones que van de la mano pero se cumplen por separado, y nosotros llevamos ambas.

Sí. La ley exige designar a un representante ante la autoridad y muchas empresas prefieren que sea externo para no cargar a un administrador o contador interno con esa responsabilidad. Asumimos la figura, atendemos las notificaciones y los requerimientos, y coordinamos con tu equipo la información que haga falta.

Es la reforma más profunda a las reglas de la Ley Antilavado en años. Se publicó en agosto de 2026, entra en vigor el 30 de noviembre de 2026 y escalona sus exigencias: en marzo de 2027 debes tener evaluación de riesgos, manual actualizado, clasificación de clientes por riesgo y expediente de beneficiario controlador; en junio de 2027, mecanismos automatizados de monitoreo; y a partir del ejercicio 2028, una auditoría anual de cumplimiento. Quien hoy cumple con el mínimo tendrá que subir el nivel en menos de un año.

Se miden en UMA y van por tramos. No atender requerimientos, incumplir las obligaciones de identificación o presentar avisos con retraso de hasta 30 días se sanciona con 200 a 2,000 UMA. Las infracciones relativas al beneficiario controlador, con 2,000 a 10,000 UMA. Y omitir un aviso, o presentarlo con más de 30 días de retraso, con 10,000 a 65,000 UMA o del 10% al 100% del valor de la operación, lo que resulte mayor. Para una pyme, un solo aviso omitido puede costar más que años de honorarios de cumplimiento.

Sí, y conviene hacerlo antes de que la autoridad inicie una verificación: el artículo 55 de la ley exime de la multa, por una sola vez, a quien cumple espontáneamente con las obligaciones omitidas antes de que empiece la verificación, y permite reducirla hasta en un 50% cuando la corrección llega después. Revisamos qué operaciones debieron reportarse, presentamos los avisos y los informes en ceros pendientes y dejamos el expediente en orden. Si la verificación ya empezó, también hay reglas de plazo que juegan a tu favor y que conviene conocer.

No manejamos tarifas estandarizadas: depende de tu actividad vulnerable, del volumen de operaciones y clientes que haya que monitorear cada mes, y de si partimos de cero o de un programa ya implantado. La primera consulta no tiene costo: revisamos si te aplica la ley y qué te falta, y con eso te damos una cotización a medida.

Para una empresa que empieza de cero, el expediente completo (alta, manual, identificación de clientes, designación del representante y capacitación inicial) toma entre cuatro y seis semanas. A partir de ahí el servicio es mensual: monitoreo, avisos e informe en ceros, con revisiones cuando cambie la ley o tu operación.

Sí. Tenemos oficina en Santiago de Querétaro y atendemos empresas de León, Celaya, Irapuato y el resto del Bajío. El cumplimiento PLD se gestiona en línea en su mayor parte; la capacitación y las verificaciones las acompañamos presencialmente en la región.